7/09/2021
Actualidad

Canarias impone la vacunación obligatoria contra la covid para trabajar

Institución - Fuente: diariomedico.com
Tipo de documento: Noticia

El rechazo a vacunarse o a presentar una prueba negativa "conllevaría la imposibilidad de desempeñar el trabajo", según recoge el decreto ley canario que entró en vigor este lunes.


El Gobierno de Canarias impone la vacunación contra la covid-19 a todos los trabajadores canarios. El residente en las islas que se niegue a recibir la inmunización contra el coronavirus o a presentar una prueba negativa debe dejarlo por escrito y "conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad". El Gobierno canario "irá determinando en qué ámbitos laborales y actividades se requerirá esa certificación de que no se porta el virus o se está vacunado", señalan fuentes oficiales.


Así figura en el decreto ley 11/2021, de 2 de septiembre, por el que se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas para el control y gestión de la pandemia de covid-19 en Canarias y que está en vigor desde su publicación, este lunes, 6 de septiembre, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC),


Los juristas consultados no auguran mucho recorrido a la imposición canaria y recuerdan que Alberto Núñez Feijóo en Galicia intentó lo mismo con una ley autonómica suspendida por el Tribunal Constitucional.


Sin embargo, el Gobierno canario de Ángel Víctor Torres ha vinculado esta obligación a la legislación laboral, lo que supone una novedad en ese intento de hacer de la vacunación contra la covid una obligación.


La polémica medida figura en el artículo 14 del citado decreto ley bajo el título "realización de pruebas diagnósticas y vacunación". Y señala que "la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas diagnósticas se recogerá por escrito y conllevará la imposibilidad de desempeñar el trabajo o la actividad a la que se condicionó la realización de la prueba diagnóstica, así como, en su caso, la posibilidad de imposición de restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por este Decreto ley". Con el siguiente añadido: "Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación".


El Gobierno canario, en una aclaración a la norma, señala que el citado artículo 14 "dota a la autoridad sanitaria regional del título habilitante para decidir en qué actividades y ámbitos laborales públicos o privados se precisa demostrar que se cuenta con la pauta completa de vacunación o pruebas diagnósticas negativas, en línea con lo aprobado en otras comunidades".


Además, la norma explica el marco legal en el que se sostiene la obligación. Dice: "Lo previsto en el apartado anterior se aplicará por el Gobierno de Canarias, en su condición de autoridad sanitaria, conforme a los requisitos previstos en el artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales".


Pues bien, la ley de ámbito estatal de prevención de riesgos laborales recoge que "el empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo". Pero que, como norma general, esta vigilancia "sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento".


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